Acusaciones civiles
Ordenan a contratista de Texas pagar millones por un caso de fraude
La empresa enfrenta una sentencia civil por presuntamente cobrar a aseguradoras y clientes por reparaciones innecesarias o fraudulentas.

Un contratista de roofing del norte de Texas recibió la orden de pagar más de 2 millones de dólares en sanciones civiles y restitución a consumidores, después de que un tribunal determinara que la empresa era responsable de prácticas comerciales engañosas relacionadas con reparaciones de techos y pagos de seguros.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el 8 de octubre que su oficina obtuvo una sentencia contra Rubinsky Roofing LLC y su propietario, Gilad Rubinsky, tras presentar una demanda en mayo. La sentencia responsabiliza a la empresa por 27 violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas (Texas Deceptive Trade Practices Act), incluidas cinco que involucraron a consumidores de 65 años o más.
Según la oficina del fiscal general, las violaciones incluyeron cobrar fondos provenientes de seguros o recursos personales para reparaciones innecesarias o fraudulentas. En algunos casos, los clientes pagaron por proyectos de roofing que nunca se iniciaron o completaron.
Rubinsky Roofing, que operaba principalmente en el área de Dallas-Fort Worth, fue acusada de utilizar tácticas de venta de alta presión, engañar a los clientes sobre las reparaciones necesarias y retrasar repetidamente los proyectos después de cobrar los pagos. En la demanda original, funcionarios estatales alegaron que un propietario pagó más de 24,000 dólares por un reemplazo de techo que nunca se realizó.
Según lo señalado, otro cliente entregó un cheque de seguro de 10,000 dólares antes de que la empresa abandonara el proyecto durante meses.
La sentencia exige que Rubinsky Roofing pague más de 1.5 millones de dólares en sanciones civiles, además de al menos otros 500,000 dólares destinados a la restitución a consumidores. También prohíbe de forma permanente que la empresa y su propietario continúen con las prácticas engañosas identificadas en la demanda.
La División de Protección al Consumidor de la fiscalía general se comunicará con los clientes afectados dentro de los 15 días siguientes a la recepción de su información por parte de la empresa, para explicarles cómo solicitar la restitución.
La empresa, fundada en 2018, perdió su acreditación del Better Business Bureau en enero de 2026 tras un aumento de las quejas de consumidores, según la oficina del fiscal general. El caso es una acción civil para hacer cumplir la legislación de protección al consumidor, no un proceso penal.
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