Según la demanda, Attyx promocionaba reemplazos de techos, sistemas de climatización (HVAC) y otras mejoras para el hogar de forma gratuita o con grandes descuentos cuando los clientes contrataban una instalación residencial de energía solar.

La fiscalía sostiene que los representantes de ventas aseguraban que programas gubernamentales, incentivos y créditos fiscales cubrirían esos costos.

La demanda también afirma que no existía ningún programa gubernamental que ofreciera techos gratuitos y que algunos propietarios no tenían ingresos ni obligaciones fiscales suficientes para acceder a los créditos fiscales que, presuntamente, se les prometieron durante el proceso de venta.

La fiscal general estima que, mediante las prácticas descritas en la demanda, Attyx obtuvo aproximadamente 275 millones de dólares en ingresos en el estado de Nueva York.

Además, la fiscalía sostiene que la empresa dirigió sus esfuerzos de venta principalmente a propietarios de bajos ingresos y adultos mayores con ingresos fijos. De acuerdo con la demanda, los consumidores eran inducidos a firmar documentos electrónicos que se presentaban como solicitudes o autorizaciones para revisar su historial crediticio, cuando en realidad correspondían a contratos para adquirir sistemas solares y financiamiento.

Como consecuencia, algunos propietarios terminaron asumiendo deudas por decenas o incluso cientos de miles de dólares. La demanda también señala que Attyx habría inflado el costo de los proyectos por encima del valor real de los trabajos de roofing, energía solar y otras mejoras.

"Attyx se aprovechó de propietarios de vivienda vulnerables y de adultos mayores mediante promesas falsas y prácticas depredadoras", afirmó James.

Prestamistas también son señalados en la demanda

La demanda también acusa a Solar Mosaic y WebBank de ocultar las comisiones por financiamiento dentro del precio total de los proyectos de Attyx.

Según la fiscalía, esa práctica habría reducido artificialmente el costo financiero y la tasa anual equivalente de los préstamos, mientras incrementaba el monto financiado.

Asimismo, sostiene que los contratos y la documentación relacionada con el financiamiento dificultaban que los propietarios comprendieran el costo real de los préstamos o identificaran qué parte del precio correspondía a cargos financieros.

La demanda también afirma que Attyx continuó promocionando sistemas solares en Nueva York bajo el nombre LGCY Power, incluso después de que los reguladores estatales le ordenaran suspender nuevas campañas de comercialización y la inscripción de nuevos clientes.

La Comisión de Servicios Públicos de Nueva York revocó la autorización de Attyx para operar como proveedor de recursos energéticos distribuidos con efecto a partir del 17 de noviembre de 2025. La comisión indicó que la empresa admitió o no corrigió por completo nueve presuntas violaciones a las normas estatales y le ordenó presentar un plan para atender los sistemas solares, techos y garantías de sus clientes existentes.

La fiscalía busca cancelar contratos

A través de la demanda, Letitia James busca obtener indemnizaciones y daños para los propietarios afectados, imponer sanciones civiles e impedir que los demandados continúen con las prácticas señaladas.

También solicita que el tribunal declare nulos los contratos de venta celebrados por Attyx, así como los contratos de financiamiento relacionados con Solar Mosaic y WebBank.

Las acusaciones contenidas en la demanda no han sido resueltas por los tribunales. Poco después de que se presentara el caso, un abogado de Attyx declaró al medio New York Focus que la empresa estaba revisando la demanda y se negó a hacer comentarios adicionales.

Propietario presenta una demanda colectiva propuesta

Tras la presentación de la demanda de la fiscal general, el propietario neoyorquino Elmer Cruz interpuso por separado una propuesta de demanda colectiva federal contra Attyx y varias compañías financieras.

La demanda, presentada el 27 de abril, sostiene que Attyx prometió a Cruz una instalación solar con un valor de 28,520 dólares y un techo gratuito, pero que terminó colocándolo, presuntamente sin su conocimiento ni consentimiento, en dos préstamos que sumaban 100,300 dólares.

Estas afirmaciones también constituyen alegaciones que aún no han sido resueltas por los tribunales, y el juez todavía no ha certificado la demanda colectiva.

Un juez federal autorizó un proceso limitado de obtención de pruebas para determinar si el supuesto contrato de venta y los acuerdos de financiamiento fueron celebrados antes de analizar las solicitudes previstas para obligar a las partes a acudir a arbitraje.

Por su parte, Service Finance, uno de los prestamistas incluidos en la demanda federal, informó el 17 de julio que alcanzó un acuerdo con Cruz únicamente respecto a esa empresa. Los registros públicos no revelan los términos del acuerdo.

Dicho acuerdo no resuelve las reclamaciones pendientes contra Attyx, sus directivos ni las demás entidades financieras demandadas.